La legisladora dijo. “El grupo parlamentario de MORENA conoce miles de historias de injusticia e impunidad, que tienen su origen en la falta de honestidad y compromiso con los derechos humanos de los ministerios públicos y policías investigadoras”.
De acuerdo a encuestas son colocados con indicadores del 78 por ciento de corrupción y a la policía investigadora en un porcentaje del 77.9 por ciento. Esto provoca que el 94 por ciento de los delitos no sean denunciados.
Aseveró que el 92.3 de las víctimas no denuncian por miedo, a ser objeto de extorsión, falta de confianza o una actitud hostil de los funcionarios de la FGJEM, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI 2018.
La cual coloca al Estado de México, de las entidades del país con los mayores indicadores en cifras negras de delitos, pues sólo el 7.7 por ciento denuncia. Pese “A mayor autonomía de la fiscalía, y ampliación del presupuesto superior a 26 por ciento, al pasar en los últimos dos años de 3 mil 35 millones de pesos, a más de 3 mil 836 millones de pesos en 2018; “En el Estado de México, delinquir es un negocio, redituable, porque implica poco riesgo y mucha ganancia. El crimen no tiene castigo”.
Subrayó que en la última Encuesta sobre el Índice de Impunidad México 2018, de la Universidad de las Américas de Puebla, el Edomex tiene un alto índice de impunidad con el 8.33 por ciento. Mientras sólo el 0.59 por ciento de las carpetas de investigación llega a la sentencia.
La legisladora indicó que en el Primer Informe de Resultados, motivo de esta Glosa, en la página 252, del Anexo Estadístico, Tomo I, se destaca alentadoramente, de manera textual, lo siguiente: “… en este año de gestión no se recibieron recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; además de que se dio cumplimiento a 11, mientras que 6 se encuentran parcialmente cumplidas…”.
Sin embargo, agregó, que sabemos que existen 14 recomendaciones por cumplir por la Fiscalía General a su cargo, que abarcan un período entre los años 2013 a 2017. Hecho que resulta verdaderamente preocupante, pues en ellas se constató, cuando menos, por parte de ministerios públicos, policías y peritos, el incumplimiento de los deberes de protección a la integridad física de detenidos y trabas para hacer posible la justicia y la verdad de las víctimas del delito.
Y llamó la atención a los casos de feminicidios, ya que desde que se tipificó el feminicidio, hasta diciembre de 2017, la fiscalía ha registrado en el link “Alerta de Género” contener información actualizada y no la contiene- 1,199 muertes violentas de mujeres.
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