En el análisis de México Evalúa se estudian las contrataciones públicas de estos tres proyectos.
A partir de los resultados, la organización propone acciones para incrementar el valor que se obtiene a cambio de la inversión en obra pública en México.
Mariana Campos, coordinadora del proyecto señaló que en el problema del Paso Exprés, el estudio evidencia fallas sistemáticas en la preparación de los proyectos de infraestructura.
En consecuencia, los procesos de construcción inician sin contar con un diseño del proyecto suficientemente desarrollado, e incluso hay casos en los que ni siquiera está contratada la supervisión.
Esto deriva en que las obras sean ineficientes, lo que llega a comprometer su efectividad.
Así, fue necesario realizar retrabajos para la barda perimetral del NAIM, cambios de trazo del Tren Toluca y la definición del diseño del proyecto a la par de los trabajos en el Paso Exprés.
El estudio también demuestra que el tiempo invertido en la adjudicación de contratos se ve afectado por esa falta de preparación y por un uso ineficiente de la tecnología.
De esta manera, se evidencia la urgencia por transitar hacia la era digital, lo que incluye promover que CompraNet sea completamente transaccional, de forma que todo el ciclo de la contratación se efectúe ahí.
En el caso del NAIM, el reporte da cuenta de una muestra de contratos por un total de 129 mil 582 millones de pesos (84 por ciento del monto del contratado a agosto del 2018), para la cual sólo el 27 por ciento de concursos o licitaciones se adjudicó el contrato con suficiente rivalidad.
Los niveles de competencia observados en el Tren Toluca, fueron similares y en el Paso Exprés fueron menores.
En el primer caso, desde un inicio se registró una baja afluencia de propuestas, y en siete concursos sólo asistieron menos de cuatro oferentes.
En el Paso Exprés, la descalificación de licitantes alcanzó el 91 por ciento, lo que implicó elegir al contratista del principal contrato entre dos de las 23 propuestas iniciales.
En todos los casos se identificaron diversas prácticas de abuso de los requisitos que impiden garantizar las mejores condiciones de contratación.
Mariana Campos subrayó que la falta de preparación de los proyectos, aunada a la forma en la que se evalúan las licitaciones, por medio del precio más bajo, no promueve las mejores condiciones de contratación para el Estado mexicano.
Darle el mayor peso al precio no genera información útil a la toma de decisión cuándo el diseño del proyecto no está listo, ya que no es posible cotizarlo de manera realista.
En materia de transparencia, el estudio revela que ninguno de estos proyectos publicó información de los estudios de mercado, las proposiciones (ofertas), las subcontrataciones, los pagos, los informes de supervisión y auditoría interna, siendo información vital para la rendición de cuentas y que debe publicarse de acuerdo con los estándares internacionales.
México Evalúa subraya la necesidad de reformar las leyes de contratación con un estándar más amplio de obligaciones de transparencia.
Enfatizó que nada de esto se ve cerca mientras las autoridades continúen avalando o descartando proyectos a partir de su posición política, con perspectivas de corto plazo y limitadas por ciclos electorales.
“La generación de infraestructura debe ser una decisión de Estado y no de gobiernos”, afirmó.
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