Además de señalar a la dependencia encabezada por Gerardo Ruiz Esparza la comisión señala al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) por negligencia y posibles actos de corrupción durante la construcción de la obra.
Al emitir una recomendación a autoridades federales y estatales por el tema del Paso Exprés, sugiere imponer sanciones ejemplares para que casos como el socavón en esa vía no vuelvan a ocurrir.
Es por ello que les exigen que reparen el daño a las víctimas directas e indirectas de las cuatro personas que perdieron la vida, que incluya compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; se ofrezca disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y se publique en su página web oficial por un periodo de un año.
“Con motivo de dichas irregularidades y por la relación entre autoridad y empresas en un posible esquema de manipulación y fragmentación de contratos, solicitará a la Secretaría de la Función Pública investigue el caso de manera integral y no dispersa, basada en todos los componentes que provocaron la falla, tanto de las empresas como de las personas servidoras públicas involucradas, ya que, salvo 9 servidores públicos sancionados en materia administrativa, el hecho continúa impune al no haber responsables penalmente ni por falta de rendición de cuentas”, señala la CNDH.
Es por ello que la comisión emitió la Recomendación 34/2018, dirigida a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes; Alfredo Vara Alonso y Roberto Ramírez de la Parra, Directores Generales de Banobras y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), respectivamente; a Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador del Estado de Morelos y a los integrantes del Ayuntamiento de Cuernavaca.
En conferencia de prensa, el Segundo Visitador General, Enrique Guadarrama López, señaló que en su investigación acreditó falta de planeación e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas, así como un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción, por parte de la SCT y Banobras, ya que la vialidad no contaba con los estudios ni permisos necesarios en materia medio ambiental e hidráulica al momento de ampliarse a 10 carriles y no 8 como originalmente se había previsto.
“El socavón no fue un accidente, fue resultado de una cadena de ineptitudes de varias autoridades”, sostuvo.
La CNDH entregará a la Procuraduría General de la República (PGR) los resultados de sus investigaciones, para que considere las evidencias recabadas y el análisis integral en la correspondiente carpeta de investigación.
“El imponer sanciones ejemplares es un disuasivo para que casos como el socavón no vuelvan a presentarse. De otra manera, el riesgo de su repetición seguirá latente”, consideró el segundo visitador general.
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