El gobernador junto con 23 ediles de la entidad interpusieron controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar que el gobierno federal les quite alrededor de 450 millones de pesos del Fondo Minero, que antes estaban dedicados a obras de infraestructura y ahora pretenden asignarse a los programas asistencialistas de la Administración federal.
“No estamos de acuerdo con esa decisión y sentimos que no sólo es un dato aislado sino que es una dinámica, que de dejarla que, de no denunciarla, irá creciendo, porque la dinámica que se ha instalado es la del acaparamiento de todo tipo de recursos para darle prioridad a los programas del Presidente sobre el desarrollo regional, afectando a la soberanía de los estados”, sostuvo el mandatario al recurrir a la Corte por las modificaciones al llamado Fondo Minero.
“Hemos querido dar un paso adelante frente a lo que constituye una vulneración más al Federalismo, porque este fondo hasta ahora se distribuía entre estados, municipios y Gobierno de la República, y ahora el Gobierno pretende quedárselo todo para financiar tandas de microcréditos o de créditos a la palabra.
“No nos oponemos a los programas sociales y a los programas de financiamiento que el Presidente de la República quiera hacer, lo que estamos defendiendo son los recursos que pertenecen a los municipios del Estado de Chihuahua”, sostuvo.
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