Restricción al derecho a la educación y estimulación temprana, a vivir en condiciones de bienestar, y a un sano desarrollo integral, son algunas de las consecuencias que apuntó el organismo.
Además, el recorte de 2 mil millones de pesos podría provocar que los menores queden a cargo de personas no preparadas para el adecuado cuidado de los menores, “lo cual constituye un riesgo para su integridad y seguridad”, indicó la CNDH.
Desde una perspectiva de largo alcance la Comisión apuntó que la debilidad en el programa podría hacer más hondas “las brechas de desigualdad de género en el país, pues las mujeres trabajadoras podrían verse obligadas a renunciar a su empleo para asumir el cuidado de niñas y niños, en detrimento de sus derechos a la igualdad sustantiva, acceso al empleo, y a la independencia económica”.
A través de una carta el ombudsman, Luis Raúl González urgió al diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; al secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, y a la Secretaría del Bienestar, cuya titular es María Luisa Albores González, impulsar la asignación de recursos presupuestales necesarios para la operación del Programa de Estancias Infantiles.
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