Y es que, en su reciente visita a México, la expresidenta de Chile conoció la verdadera dimensión de la violencia que se vive en nuestro país, junto con una petición largamente esgrimida por las organizaciones sociales.
Según la solicitud entregada a la funcionaria de la ONU, el Mecanismo estaría facultado para investigar y en el caso que sea necesario, ejercer acción penal por delitos que atenten contra la libertad, la integridad personal y la vida, así como hechos de corrupción o despojo de tierras indígenas.
Algo parecido a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) que opera en Guatemala como órgano independiente que brinda asesoría al ministerio público y con el que se logró enjuiciar y encarcelar por corrupción al expresidente Otto Pérez Molina.
Uno de los argumentos empleados fue que en 2016, luego de visitar México, Zeid Raad Al Hussein, entonces alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, recomendó al gobierno de Enrique Peña Nieto establecer un Consejo Asesor que combatiera la impunidad en el país. Y que tras dos años de análisis y ante un contexto similar, las organizaciones de la sociedad civil se convencieron de la necesidad de implementar el MICIM.
Otra de las solicitudes extraordinarias que enarbolaron las organizaciones sociales fue la instalación de una Comisión Nacional de la Verdad para esclarecer y reconocer violaciones graves a los derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad que requeriría del acompañamiento técnico la Oficina del Alto Comisionado.
Esta petición sí tuvo eco en Bachelet. “Concuerdo con la reivindicación de las familias y organizaciones que las acompañan de la conveniencia de crear mecanismos adecuados, uno de los cuales podría ser la creación de una Comisión de la Verdad para garantizar el acceso a la verdad de las víctimas y de toda la sociedad. Como les dije a los altos cargos gubernamentales, no se puede avanzar hacia el futuro sin esclarecer las sombras del pasado”, declaró el 9 de abril, en el último día de su visita, luego de entrevistarse con organizaciones de la sociedad civil de la capital, de Monterrey, Nuevo León y de Saltillo, Coahuila.
Personas que asistieron a las reuniones señalan que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanas quedó sorprendida ante los recortes a políticas públicas que realizó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que fueron expuestas por las organizaciones sociales, entre ellas figura la eliminación de los apoyos a las estancias infantiles y a los refugios para mujeres víctimas de violencia.
En ese aspecto, Michelle Bachelet se centró en la necesidad de crear programas sociales sustentables, es decir, entender la importancia de separar los derechos sociales de la economía: por lo que mostró interés de conocer más información de lo que pasa en el país, ya que los vaivenes de la economía, expuso, no pueden determinar la continuación de los programas sociales.
En su presentación con medios, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos adelantó que su oficina presentará un diagnóstico para fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. “Sería importante fortalecer a los mecanismos de alerta temprana”, puntualizó.
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