Organismos de derechos humanos calculan que entre 50 mil y 80 mil personas huyeron de Nicaragua bajo amenazas, persecución y desempleo, en el contexto de las protestas antigubernamentales iniciadas el 18 de abril de 2018.
La represión a las manifestaciones por el gobierno del presidente Daniel Ortega hundió al país en una grave crisis política y económica que persiste un año después. Más de 325 personas murieron.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estimó en 62 mil las personas que huyeron a países vecinos, más de 55 mil ingresaron en Costa Rica.
La gente cruzó las fronteras por sectores no controlados “para evitar ser detectados, muchas veces caminando durante horas por terrenos difíciles, expuestos al calor, la humedad y los riesgos de malaria“, indicó la ACNUR en un comunicado.
Estudiantes, exfuncionarios públicos, figuras de la oposición, periodistas, doctores, defensores de los derechos humanos, campesinos” han solicitado asilo en Costa Rica, añade la agencia.
La semana pasada el gobierno inició un diálogo con la oposición que de momento no terminó en un acuerdo para salir de la crisis. El lunes, el gobierno de Ortega anunció un polémico plan para el “retorno voluntario asistido de personas que salieron del país”.
La iniciativa fue recibida con desconfianza por opositores, que advirtieron de la falta de garantías para quienes acepten regresar al país después de sufrir persecución.
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