Ciudad de México.- Cada uno de los movimientos de esta transacción se ocultaron cuando tenían el carácter legal de ser públicos. Ocurrió en los primeros meses de 2018, el último año de Gobierno de Enrique Peña Nieto.
En mayo de ese año, a un par de meses de distancia de la elección presidencial, mil 972 millones de pesos provenientes de las afores de trabajadores y del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) se utilizaron para comprar a precio elevado una participación en el Circuito Exterior Mexiquense (CEM), una de las obras construidas por OHL en el Estado de México, la entidad donde también gobernó Enrique Peña Nieto, y en la que recaen varios señalamientos de presunta corrupción, tanto en su adjudicación como en su construcción, funcionamiento y hasta en los rendimientos por peaje.
El abogado Paulo Díez Gargari en denuncia presentada ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se encargó de documentar los pasos de este acuerdo en el que jugaron un papel importante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
De acuerdo con información compartida, el movimiento de dinero inició en mayo de 2018, cuando la empresa australiana IFM Investors vendió el 49 por ciento de su participación en el CEM, por un monto aproximado en 27 mil 600 millones de pesos.
IFM informó en un par de eventos relevantes, que el fondo de inversión canadiense Caisse de Dépot et Placement du Quebec (CDPQ) fue quien compró ese 49 por ciento, lo que era falso
CDPQ es dirigido en México por Alonso García Tamiz, quien estuvo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y luego fue director del Banco Nacional de Obras (Banobras) en el periodo en el que le fueron entregados los créditos más importantes al Circuito Exterior Mexiquense.
Pero CDPQ no se hizo del 49 por ciento, sino del 45.5 por ciento. El 3.5 por ciento restante fue adquirido por diversas Administradoras de Fondos para el Retiro, Pensionissste y Fonadin a través de Banco Invex en su carácter de fiducidiario a través del Fideicomiso CKD.
Así se emitieron 36 mil certificados bursátiles por 2 mil millones de pesos que fueron a parar al capital social de la Organización Proyectos de Infraestructura (OPI), filial de OHL –hoy Aleática– y operadora del Circuito.
El fideicomitente y administrador del CKD es CKD Infraestructura México, que es un consorcio conformado por Afore XX Banorte, Afore SURA, Afore Banamex, Pensionissste y Fonadin.
El 9 y 10 de mayo, Aleática, OPI y Concesionaria Mexiquense (Conmex, filial de OPI) informaron que IFM “a través de una subsidiaria” había transmitido primero una participación del 10.01 por ciento de su capital de OPI a CDPQ, luego otro 38.99 por ciento.
En ninguno de los documentos hay alguna mención al fideicomiso CKD.
De acuerdo con la denuncia ante la UIF, la razón de ocultar se debe a que no había manera de justificar que a unas cuantas semanas de la elección presidencial se invirtieran recursos del Fonadin y de ahorros de trabajadores, en el rescate de un proyecto tan cuestionado como el CEM.
Luego de la noticia de que una parte de dinero público proveniente de afores y del fondo de infraestructura ya es parte del Circuito Exterior Mexiquense, está el hecho de que se compró a precio alzado, es decir, el monto que pagaron las afores y el Fonadin, por el 3.5 por ciento, incorporó la supuesta existencia de una rentabilidad garantizada que es falsa y por la que OHL incluso fue multada por la CNBV.
Ese derecho que ya dijo el Gobierno del Estado de México que no existe, hace que la valuación de esa carretera sea la mitad del precio presumido o incluso menos.
miércoles, 3 de abril de 2019
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