La ola de violencia se agudizó y alcanzó también a políticos y servidores públicos; en contraste, los pocos delitos que se denuncian implican 97% de impunidad, por lo cual el sistema judicial y las autoridades encargadas de garantizar la seguridad, la paz y la procuración de justicia están rebasadas.
Así lo advirtió el Instituto para la Economía y la Paz, cuya última edición del Índice de Paz ubicó a México, por tercer año consecutivo con un alto deterioro en su nivel de paz, lo que provocó un aumento de 5.16 billones de pesos en el impacto económico de la violencia.
Este diagnóstico colocó a Baja California, Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua como los estados menos pacíficos del territorio.
En el último año de la administración de Enrique Peña Nieto el retroceso en el nivel de paz en México fue de 4.9%, debido al recrudecimiento de la violencia y las tasas de homicidios.
En 2018, aproximadamente nueve de cada 10 víctimas de asesinato eran hombres, mientras que un tercio de las víctimas de homicidio tenían entre 15 y 29 años de edad. Sin embargo, entre las causas que el instituto consideró también se ubica la insuficiente inversión en el sistema judicial y seguridad interna, —apenas 0.81% de su PIB ubicándolo en el nivel más bajo como país miembro de la OCDE—, lo cual desembocó en una ínfima efectividad y un repunte en los indicadores de impunidad, debido a que sólo un pequeño porcentaje de los delitos son judicializados en el país.
El Índice Global de Impunidad estimó que la tasa nacional de condenas de México es sólo de 3%, lo que significa que 97% de los delitos registrados en 2017 quedaron sin resolverse. Aunado a que en el país hay un cálculo de 3.2 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando la media mundial es de 16.2, el déficit además de limitar las capacidades de los operadores del sistema judicial, representa un rezago en sus resoluciones.
En ese sentido, México sigue manteniendo altos índices de corrupción, pues de acuerdo con el documento, en 2018 cerca de 70% de los mexicanos consideró que los jueces eran corruptos y más de 65% manifestaron la percepción de que también lo era el Ministerio Público, la institución encargada de atender las denuncias por delitos.
Considerando que el gobierno federal ha planteado su estrategia de seguridad, teniendo como eje principal la intervención de las Fuerzas Armadas, el Índice destaca el aumento en la percepción de efectividad que el año pasado reflejaron las opiniones sobre el desempeño del Ejército y la Marina, que fueron calificadas favorablemente en cuanto a los niveles de percepción de efectividad y confiabilidad de la ciudadanía sobre las instituciones de seguridad pública y de justicia.
Ante tal panorama, el instituto recomendó una reorientación de las políticas públicas con el objetivo de seguir disminuyendo sus niveles de corrupción, y en suma mejorar las condiciones que favorezcan el buen funcionamiento del gobierno y el libre flujo de información para reducir los niveles de violencia de manera sostenible.
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