Jiménez Espriú dio a conocer que en los anexos aparecen el finado mexiquense y el empresario, pero serán las instancias Como la Secretaría de la Función Pública quienes se encarguen de la investigación.
“Está en los anexos. Ellos fungen como asesores estratégicos, políticos. Las estancias correspondientes analizarán todos los casos, nosotros daremos vista de todos los asuntos que no son de carácter técnico y aeroportuario para que se hagan las investigaciones del caso”, detalló el funcionario.
El Secretario anunció este viernes las razones por las que se canceló la obra, entre las que destacó implicaciones ambientales, sociales, técnicos, económicos y financieros.
La principal omisión, reveló el funcionario, es que al modificarse y ampliarse la terminal de pasajeros, la torre de control, las puertas de contacto y la terminal de carga, y que se hizo sin autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el costo del proyecto se incrementó.
Grupo Parsons que era el gerente del proyecto señaló el 22 de julio de 2016 al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) que el costo de la primera fase de la obra se elevaría entre 16 y 17 mil millones de dólares, y que la fecha de inicio de operaciones ya no sería en 2020 sino hasta septiembre de 2024.
Jiménez Espriú acusó que esta información no fue notificada y ocultada al Consejo de Administración, ni a la SHCP, ni a los inversionistas de bonos y FIBRA-E, así como tampoco se le notificó al equipo de transición del nuevo gobierno, ni aparece en el libro blanco, que es donde se informa a los órganos legislativos o a la opinión pública.
“La información de Parsons de 2016 se ocultó siempre, se archivó y se mintió sin recato; por ello hemos afirmado reiteradamente que no se sabía ni cuánto costaría el proyecto, ni cuándo se podría terminar la obra, que era un elefante blanco, un pozo sin fondo, con un daño patrimonial que deberán evaluar las autoridades competentes”.
El secretario de Comunicaciones y Transportes aseguró que al cancelarse el proyecto se evitó un desastre ecológico mayor, una severa explosión demográfica en la zona, la sobreexplotación de recursos, el dispendio de recursos públicos y la herencia de altos compromisos financieros a las siguientes administraciones.
La Manifestación del Impacto Ambiental del proyecto no llevó a cabo un análisis de los impactos acumulativos iban a generar, estuvieron alejados de una lógica regional y se buscó fragmentar las obras para disimular los impactos.
Según estudios de la administración que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador señalaban que el NAIM iba a generar un crecimiento urbano acelerado y una sobrepoblación, en cerca de tres millones de personas en una zona con desabasto de agua y sobrexplotación de acuíferos.
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