Entre las intenciones de su visita se prevé que Bachelet firme un convenio con el Estado mexicano para capacitar en materia de derechos humanos a los integrantes de la recién aprobada Guardia Nacional.
Tras una reunión con víctimas de violaciones y abusos a sus derechos humanos, familiares de personas desaparecidas y representantes de la sociedad civil, la expresidenta de Chile se pronunció en contra de la militarización del país y en favor del fortalecimiento de policías civiles.
María Corina Muskus, miembro de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo “nuestro llamado a la Alta Comisionada es que mantenga su atención a las discusiones de la Guardia Nacional con un componente claramente civil”.
Por su parte Edgar Cortés, de la Red Todo los Derechos para Todas y Todos, declaró “lo que ella dijo es que su postura histórica, incluso por la historia de la que proviene, siempre ha estado en contra de la militarización y que ella creía que hay que fortalecer a las Policías civiles”, explicó.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó un pronunciamiento sobre la Guardia Nacional en el que pide se reflexione respecto de la participación de las Fuerzas Armadas, o de sus elementos, en tareas de seguridad pública, para que no se rebase lo establecido en la Constitución.
Ningún modelo policial, por óptimo o plausible que sea, será exitoso ni tendrá los resultados deseados si no se acompaña de medidas de capacitación y profesionalización de los operadores del sistema de justicia penal, y de 33 fiscalías autónomas. Esta problemática requiere enfoques integrales, que enfaticen la prevención sobre la reacción y uso de la fuerza.”, sentenció la Comisión.
Más de 200 Organizaciones de la Sociedad Civil y defensoras de Derechos Humanos entregaron a Bachelet un documento conjunto “sobre la situación de la Democracia en México”. En la misiva destaca la simulación de las consultas pedidas por el Presidente de la República y el discurso polarizador de este, así como problemáticas que acompañan al país desde sexenios pasados como la impunidad y la violencia.
Por ello este aglomerado de activistas señalaron que es prioritario “que las autoridades mexicanas inicien un diálogo con la sociedad civil para el establecimiento de una política pública integral de protección y prevención que garantice el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión”.
Otro documento que fue entregado a la Alta Comisionada fue el firmado por 20 organizaciones en lo que respecta a la desaparición forzada, la migración, la violencia de género y los feminicidios.
Por otra parte, más de una veintena de redes de defensoría de Derechos Humanos se agruparon para informar a Bachelet, “sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en México”.
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