Esta legislación pone límites a los gastos, y determina que los ahorros que se tengan se destinarán a los programas del Plan Nacional de Desarrollo o el destino que por decreto determine el jefe del Ejecutivo.
El dictamen avalado en lo particular con 361 votos en favor de MORENA junto con el Partido Acción Nacional (PAN); 45 en contra de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), y dos abstenciones, y que fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establece que se contará con un Comité de Evaluación.
Ese comité será responsable de promover y evaluar las políticas y medidas de austeridad republicana de los entes públicos, y que deberá entregar informes de evaluación de forma anual, los cuales deberán ser remitidos a la Cámara de Diputados para su conocimiento.
El priista Enrique Ochoa Reza refrendó que su bancada está en favor de un gasto racional, responsable y muy eficiente de los recursos públicos, pero «advertimos que la ley que se está discutiendo, lastimosamente refleja simplemente el retomar elementos de diversas leyes que ya forman parte del ordenamiento jurídico».
Acusó que se establecen artículos que le dan discrecionalidad al gobierno por encima de lo que aprobó la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. “Lejos de reducir el gasto público, lo que se está haciendo con el ordenamiento legislativo que estamos discutiendo, es generarle espacios de discrecionalidad al Ejecutivo para ejercer por encima de lo aprobado por esta Soberanía, el ejercicio del gasto público”, opinó.
En tanto que el diputado de MORENA, Benjamín Saúl Huerta Corona, afirmó que la ley controlará sin temor alguno a todos los servidores públicos, con el ánimo de que su actuación sea más transparente, que no existan actos de carácter derrochador de este gobierno. Ya no será permisible un servicio público que no tenga el mínimo tinte democrático ni el mínimo tinte de moralidad”, subrayó.
En tanto que el documento prohíbe el derroche en energía eléctrica, agua, servicios de telefonía fija y móvil, gasolinas e insumos financiados por el erario. Además, quedarán nulos contratos suscritos con empresas que hayan sido otorgados mediante el tráfico de influencias, corrupción y causen daño al erario.
El dictamen, que además reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, señala que con la austeridad republicana se eliminarán privilegios, como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva.
También se evitará el engrosamiento del aparato burocrático y estima que con la aplicación de las normas propuestas se obtendrán ahorros y no se generarán impactos presupuestarios, pues se haría una reasignación para mejorar la distribución y calidad del gasto.
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