En la Fortaleza colonial San Carlos de La Cabaña, antiguo punto de defensa de La Habana ante ataques marítimos, se realiza la 39 Feria Internacional del Turismo en Cuba.
Desde allí se observa el malecón lleno de antiguos hoteles con vista al mar. Varios de ellos, nacionalizados por la revolución de 1959, pertenecieron a firmas estadounidenses y están actualmente bajo gestión de empresas extranjeras que trabajan en sociedad con el gobierno.
Contra ellos apunta una ley que Washington activó en mayo y que permite que estadounidenses y cubano-estadounidenses que se consideren afectados por las confiscaciones, acudan a tribunales federales para pedir indemnizaciones a los nuevos administradores.
«Este engendro jurídico, que a quien primero afecta es a las propias compañías estadounidenses, no podrá ser aplicado dentro del país. Todas las empresas que tienen negocios en Cuba tienen total seguridad jurídica», dijo el último martes el ministro de Turismo, Manuel Marrero.
La aplicación del capítulo III de la ley Helms-Burton estuvo suspendida desde 1996, para evitar choques entre Washington y sus aliados. Sin embargo, Trump activó la ley y recrudeció el embargo que Estados Unidos aplica contra la isla desde 1962, cuestionando el sistema socialista, acusando a Cuba de violar derechos humanos y de apoyar militarmente a Nicolás Maduro en Venezuela.
La primera demandada fue la línea de cruceros Carnival, con sede en Miami, por el uso de los puertos que una familia cubano-estadounidense reclama como suyos. Los cruceros son la mayor vía de viaje de estadounidenses a Cuba.
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