La juez Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Yazmín Eréndira Ruiz, dijo que es válido afirmar que la restricción de la disponibilidad del bien inmueble, se encuentra justificada, al existir necesidad de investigar los delitos cometidos en la sociedad.
Por lo que deja firme la resolución del juez que ordenó asegurar el colegio el 13 de febrero del presente año, a petición de la Fiscalía Desconcentrada en Tlalpan, de la PGJ.
A la víspera, Mónica García Villegas argumentó que el aseguramiento no tenía una lógica de preservación, pues el inmueble ya había sido modificado conforme a su demolición realizada en septiembre de 2018, sin embargo, la PGJ señaló que aún se encontraban en pie tres edificios correspondientes al colegio, así como diversos objetos, documentos, mobiliario escolar y de oficina.
De igual forma, abundó la juzgadora, obran oficios firmados por la representación social, dirigidos al secretario de Seguridad y Director General del Registro Público de la Propiedad y Comercio, ambos de esta ciudad, a quienes se solicitó la designación de elementos necesarios a efecto de que custodiaran el inmueble sobre el cual recayó la medida.
Durante este juicio, padres de los niños que perdieron la vida, solicitaron como terceros interesados que no se levante el aseguramiento.
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