El proyecto presentado contemplaba la desaparición de las áreas verdes sobre la calle de Real de Mayorazgo para construir un puente a desnivel, para hacer más sencillo el ingreso al complejo.
Al dar los pormenores de los hechos, la directora General de Evaluación de Impacto y Regulación de la Sedema, Andrée Lilián Guigue Pérez, dijo que solicitarán ante Patrimonio Inmobiliario la revocación del Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) para la construcción del deprimido y la plaza de interacción.
Con esta acción que cometió la empresa, nosotros como Secretaría lo que vamos a hacer es solicitar la revocación del PATR, por lo tanto se empiezan a caer todas las autorizaciones asociadas, al revocar el permiso se cae todo lo que tiene que ver con el deprimido y la plaza de integración», explicó la funcionaria.
Ambas obras forman parte del desarrollo que la empresa Mítikah lleva a cabo desde 2009, y que implica una superficie de cuatro mil 799 metros cuadrados y construcción de tres mil 269 metros cuadrados.
Guigue Pérez reveló que se encontró un documento con fecha del 15 de noviembre de 2018 y que señalaba que tras una evaluación, se requería de la tala de 80 árboles por considerarse que impedían la ejecución de parte del proyecto.
Por lo mismo, se otorgaba el permiso condicionado temporal para llevar a cabo dicha acción, «siempre y cuando se contara con el visto bueno de la Semovi y la Secretaría de Seguridad Pública en ese entonces».
Sin embargo, la empresa procedió este fin de semana a llevar a cabo la tala de 54 árboles y el trasplante de siete trasplantes, y están impedidos para realizar el derribo de 26 más.
La empresa Mítikah podría hacerse acreedora a una sanción de entre siete millones y 50 millones de pesos por el derribo arbitrario de árboles en la calle de Real de Mayorazgo, el pasado fin de semana, independiente al procedimiento judicial que se está llevando en la Fiscalía Especial de Delitos Ambientales y Protección Urbana.
En conferencia de prensa, la titular de la Sedema, Marina Robles García, explicó que dicha irregularidad es el resultado de un desorden proveniente de la administración anterior sobre la forma de desarrollo que la ciudad debe y puede seguir.
La funcionaria manifestó su preocupación por el hecho de que en esta obra se tenía una mesa de diálogo con la empresa para ir avanzando en las labores; sin embargo, con esta acción se rompió el protocolo.
Aclaró que tras recibir la denuncia, como autoridades acudieron al lugar de los hechos, pero debido a que las labores de poda se realizaban de manera rápida, cuando llegaron no encontraron al personal trabajando para determinar el delito en flagrancia.
Nueve personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, junto con los camiones y árboles talados, informó la Sedema el 4 de mayo.
Tras un operativo de inspección y vigilancia en materia de impacto ambiental en el Pueblo de Xoco, alcaldía Benito Juárez, la Secretaría informó que las personas fueron sorprendidas cuando colocaban árboles, talados en dos camionetas con placas de circulación del Estado de México.
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