De acuerdo con la empresa paraestatal, el 33% de las tomas clandestinas halladas se dio en territorio hidalguense, seguida del Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Querétaro y Michoacán.
Respecto de 2018, Hidalgo se afianzó en el primer lugar nacional, ejercicio en el que cerró apenas 1.9% por encima de Puebla; ahora, la diferencia es del 142% sobre el Estado de México, que pasó de ser quinto lugar nacional al segundo. Guanajuato continúa siendo tercer lugar y Puebla bajó a la cuarta posición ya sin el clan Moreno Valle al frente de la entidad.
De acuerdo con los datos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), mientras en 2015 fueron presentadas más de 400 presuntos responsables de cometer delitos asociados con la extracción de hidrocarburo en Hidalgo, desde 2016 no ha sido presentada una sola persona ante dicha institución federal.
Según investigaciones de la Revista Proceso y del Diario Reforma dadas a conocer en febrero de este mismo año, dos subprocuradores y un director de PGJEH estarían involucrados en el huachicol, lavando el dinero del ilícito mediante la construcción de vivienda; los presuntos implicados renunciaron una semana después de que fueran dados a conocer los reportajes.
Comandantes ministeriales y hasta un subprocurador son los principales señalados en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que se nutren con información militar, de la Policía Federal y testimonios de detenidos.
Los huachicoleros tienen una red de piperos, bodegueros para acopiar combustible, franquiciantes y puntos de venta en todo el estado que, hasta enero, ocupaba el primer lugar en tomas clandestinas, incluyendo la que explotó en Tlahuelilpan y por la cual murieron 130 personas.
En esa red, sus principales compradores son grúas, camiones de las centrales de abasto, flotas de transporte público de carga y hasta de reparto de mercancías, de acuerdo con los mandos de la 18 Zona Militar, con sede en Pachuca.
Además, una parte de los recursos ilícitos obtenidos por el robo de combustible a Pemex se entrega a los comandantes de la Policía Investigadora como soborno por su omisión, según se indicó.
Los pagos llegan directo a un alto jefe de la Policía Investigadora, quien a su vez da parte del dinero a sus mandos e incluso a un subprocurador, según la indagatoria.
La investigación detectó incluso que, una vez recibida la ganancia del combustible robado, los funcionarios de la Procuraduría de Hidalgo y los huachicoleros la invierten en la compra de terrenos para construir casas y venderlas.
Asimismo, adquieren lotes de autos para ofrecerlos a precios módicos y lavar el dinero ilícito. Diversos funcionarios de la Procuraduría de Hidalgo poseen empresas ligadas a la construcción, principalmente operadas por familiares y testaferros, según esas pesquisas.
En dias recientes varios funcionarios de la Procuraduría Estatal renunciaron.
La presunta complicidad también tiene inmiscuidos a cárteles que pelean la plaza de Hidalgo.
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