LOZOYA, DUARTE, OHL, MEDINA MORA Y UN HISTORIAL DE OPACIDAD PONEN AL PODER JUDICIAL CONTRA LA PARED

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador el martes en su conferencia matutina indicó que “Un grupo de abogados famosísimos hasta se anunciaban diciendo: ‘Yo saco a cualquiera de la cárcel’, aunque se tratara de los asuntos de mayor corrupción. Algunos de ellos habían estado de senadores y diputados y ya habían arreglado las leyes a modo. Además, tenían muy buenas relaciones con el Poder Judicial, con jueces, magistrados y ministros. Pero todo eso ya se terminó”.

No necesitaba decirlo, porque esa sensación existe en los mexicanos. En las últimas semanas, quizás meses, las redes han escenificado una verdadera movilización ciudadana en contra del Poder Judicial. Una serie de amparos y suspensiones temporales para evitar que personas vinculadas con el crimen y la corrupción enfrenten a la justicia, así como el tema de transferencias millonarias a cuentas personales e incluso los salarios que se asignan ministros y magistrados han puesto en duda su labor en México.

Apenas hace unos días, miles de usuarios colocaron el hashtag #RenovarPoderJudicialYa para señalar también la poca transparencia y los excesos de un supra poder que contrasta en una Nación de 53.4 millones de pobres.

Hay casos donde un mismo juez otorgó amparos a Emilio Lozoya; al ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y a Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), señalado por presunto lavado de dinero.

También hay jueces y magistrados acusados de favorecer a la constructora OHL en el Estado de México mientras en España está bajo presión permanente.

Otro caso es el de la juez de control de Chihuahua, María Guadalupe Hernández Lozano, quien otorgó un amparo que anula una orden de aprehensión contra el ex Gobernador priista César Duarte Jáquez, por la causa penal 1841/17, en la que se le acusa de entregar 2 millones 420 mil pesos del erario al ex Diputado por Movimiento Ciudadano Fernando Reyes Ramírez, a cambio de su apoyo para aprobar la bursatilización de bonos carreteros.

Pero de los casos que más generaron polémicas es el del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, quien realizó transferencias millonarias a Gran Bretaña y Estados Unidos y esos datos fueron ventilados públicamente.

Otros jueces también fueron criticados por favorecer con siete recursos legales, entre amparos y suspensiones temporales contra órdenes de aprehensión, a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), sobre quien pesa una orden de aprehensión por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por medio de estos recursos legales, Lozoya libró la prisión desde 2017, pero su suerte cambió esta semana: una jueza federal retiró la suspensión definitiva a la orden de aprehensión en su contra, por lo que en cualquier momento podría ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR).

Uno de los jueces que concedió recursos legales a Lozoya es Sandra Leticia Robledo Magaña, quien el 7 de noviembre de 2017 le otorgó una suspensión definitiva que impedía a la PGR (hoy Fiscalía General de la República) pedir cualquier orden de aprehensión en su contra por el caso Odebrecht. Esta misma jueza también ha beneficiado con recursos legales a personajes vinculados a casos de presunta corrupción.

El 3 de mayo de este año otorgó un amparo a Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quien es señalado por presunto lavado de dinero. A la lista de Sandra Leticia Robledo Magaña también se suma la suspensión de dos órdenes de aprehensión contra el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa en el año 2017.

Otro caso es el del Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, Miguel Ángel Burguete García, quien en abril de 2018 anuló el procedimiento administrativo en contra de la constructora OHL (hoy Aleatica), demandada por irregularidades en la construcción del Viaducto Bicentenario.

Esta semana el juez Burguete García también concedió dos suspensiones definitivas para mantener las obras del aeropuerto en Texcoco, lo que impide provisionalmente la construcción en Santa Lucía, proyecto que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador.