La acusación nace a partir de las presuntas irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación durante su gestión como secretaria de Estado.
De conseguirlo, Robles Berlanga se convertiría en la primera funcionaria del gabinete de Peña Nieto en ser sometida a juicio. La Fiscalía sostiene, en su acusación que Rosario Robles tuvo conocimiento de que podrían resultar afectados el patrimonio o los intereses de la dependencia a su cargo, por acción u omisión, y no hizo nada por evitarlo.
El documento establece: “Por medio de la presente solicito de la manera más atenta se me señale fecha y hora para la celebración de Audiencia Inicial para Formular imputación y vinculación a Proceso, en contra de la C. María del Rosario “N”, por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público (Artículo 214 fracción III del Código Penal Federal)”.
La solicitud de audiencia inicial para imputación y vinculación, es el primer paso para determinar si existen elementos que permitan iniciar un juicio, en este caso por parte de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la FGR.
El documento señala que forma parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018, en la que se tiene en calidad de víctima indirecta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien presentó la denuncia en su contra en 2018.
La FGR solicitó al juez de control en turno del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Sur que se le designe un defensor público federal a la exsecretaria, en caso de no contar con abogados.
Entre los señalamientos en torno a la gestión de Robles Berlanga en las secretarías de Desarrollo Social y de Agrario, Territorial y Urbano, se encuentra el presunto desvío de recursos a través de diferentes entidades, la mayoría de universidades.
En mayo de 2019, el fiscal Alejandro Gertz Manero informó en conferencia de prensa que la investigación se restructuraría debido a que se provocó un daño al erario de 5 mil 875 millones de pesos.
Ese mismo mes, la Fiscalía reestructuró la investigación al considerar que la “Estafa Maestra” había sido una operación que se llevó a cabo desde el corazón del gobierno federal, por lo que en las imputaciones podría incluirse el delito de delincuencia organizada, por considerar que fue un posible delito de Estado.
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