Ciudad de México.- A Carlos Lomelí, el exdelegado de Bienestar en Jalisco, la Secretaría de la Función Pública (SFP) le sigue siete investigaciones, cuatro relacionadas con contratos a sus empresas y tres por conductas ilegales, que tendrían como sanción la inhabilitación de hasta 20 años.
La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, dio a conocer que estas indagatorias se abrieron desde mayo pasado, es decir, antes de su renuncia.
Así lo informó al finalizar la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y antes de que la transmisión fuera cortada de manera intempestiva.
Aunque detalló que desde el pasado 8 de julio, la dependencia informó a Gabriel García Hernández, coordinador de los llamados “superdelegados”, de las investigaciones y dejó a su consideración el actuar con Lomelí Bolaños, pero no fue hasta el viernes pasado cuando el servidor presentó su renuncia.
Desde hace dos meses, Mexicanos Contra la Corrupción (MCC) dio a conocer una presunta red farmacéutica conformada por al menos nueve empresas, vinculadas todas con el también excandidato a la gubernatura de Jalisco.
Las empresas habrían recibido contratos con el gobierno federal y de algunas entidades.
Tras conocer la denuncia, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó una investigación, que inició la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la SFP.
Sandoval Ballesteros se comprometió a llevar hasta las últimas consecuencias las indagatorias, ya que “en el actual Gobierno no se van a tolerar los posibles conflictos de interés”.
La secretaria de la Función Pública detalló que, tras las primeras pesquisas, se puede determinar que Carlos Lomelí podría haber incurrido en conductas ilegales, señaladas en los artículos 52, 58, 60 y 61 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En cuanto las investigaciones avancen, la dependencia podrá determinar si dará parte a las autoridades penales para la cancelación de contratos a las empresas relacionadas con Carlos Lomelí y para la sanción que consideren correspondiente.
Aunque, durante todo el discurso la funcionaria se basó en la Ley de Austeridad Republicana, la cual no ha entrado en vigor, dijo que está muy próxima a aprobarse, pero que las sanciones e investigación se realizan de acuerdo a la actual ley vigente.
Por último, Irma Eréndira Sandoval reveló que actualmente realizan dos mil investigaciones contra servidores públicos.
martes, 16 de julio de 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario