A instancias de Trump, que pide habitualmente castigos más duros para los crímenes violentos, Barr instruyó a la Oficina Federal de Prisiones a que adopte un nuevo protocolo para el uso de la inyección letal para allanar el camino para ejecutar las sentencias.
«El Departamento de Justicia defiende el imperio de la ley, y le debemos a las víctimas y a sus familias avanzar con la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia», dijo Barr en un comunicado.
El año pasado se efectuaron 25 ejecuciones en Estados Unidos, todas ellas llevadas a cabo por autoridades estatales para personas condenadas por cargos también estatales y no federales.
Debido a los debates sobre los métodos de ejecución y a controversias sobre las drogas utilizadas, además de las reticencias del anterior presidente estadounidense, el demócrata Barack Obama, ningún prisionero federal había sido ejecutado desde 2003.
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