En un comunicado, la Fiscalía detalló que la Procuraduría Fiscal de la Federación ha reiterado que no ha sido cubierto el monto del Impuesto sobre la Renta omitido de 2012, el cual asciende un millón 400 mil pesos, ni sus recargos y multas.
En el texto se señala que se hará uso del plazo de 60 días para entregar de manera formal la solicitud correspondiente de extradición, en los términos del tratado de extradición entre Argentina y México, en vigor desde 2013.
En marzo de 2017, en la anterior administración, la entonces Procuraduría General de la República ejercitó acción penal ante el Juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, quien libró la orden de aprehensión en contra de Carlos “A”; ya en la presente administración, en que se retomaron todos los casos atrasados en materia de defraudación fiscal, se solicitó a Interpol la alerta conocida como “Ficha Roja” en contra de dicha persona.
El pasado 16 de agosto, la División de Investigación Federal de Fugitivos de Buenos Aires, de la República Argentina, en respuesta de la solicitud de Interpol, detuvo al empresario.
La fiscalía de esa nación lo puso a disposición de un juez competente de ese país, quien después de entrevistarlo y mantenerlo bajo su custodia, lo sujetó a proceso, otorgándole libertad bajo “caución juratoria” en razón del tipo de delito e imponiéndole los siguientes deberes: el no ausentarse de su domicilio por un período mayor a 24 horas sin dar aviso al tribunal, presentarse dentro de los primeros cinco días de cada mes ante el mismo juzgado y la prohibición de salir de Argentina.
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