“En el DIF estatal tenemos documentados casos de venta de menores, es terrible. Una vez que tengamos más elementos será objeto de denuncias y eso se debe a la debilidad en el funcionamiento de las cosas y desde luego, a la corrupción”, detalló.
El gobernador de Puebla resaltó que fortalecerá las áreas jurídicas del organismo para evitar que se den estos casos, esto durante la reinstalación del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA). El DIF se había utilizado como centro de operación política, acusó el morenista, se daban más gastos en burocracia y pagos a mil supuestos trabajadores, en vez de utilizarse para programas para la atención de la familia.
“Se ha ido acumulando en el ejercicio del poder en Pueblo los vicios. Llegan nuevos gobiernos y solamente suplen lo que ya hay, cubren las vacantes que dejan o se quedan con los viejos rostros, las mismas políticas públicas y no hay creatividad, no hay evaluación, de si funcionan bien. Hoy no puede haber políticas públicas ni gobierno que no se evalúen”, apuntó.
Pero advirtió que el DIF no seguirá siendo utilizado para la promoción y control político, por lo que buscará cambiar el modelo de atención con controles más rígidos.
“Estamos siendo muy cuidadosos en la integración de los equipos de trabajo Que los programas del DIF no sirvan para hacer promoción política, ni control político. En el DIF estatal se alojó mucha de la operación política de los gobiernos anteriores. No podemos dejar que esto siga funcionando así”, advirtió.
Durante la administración de Antonio Gali Fayad, su esposa, Dinorah López fue quien estuvo al frente de la institución; con la llegada de Barbosa Huerta se nombró a Leonor Vargas Gallegos.
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