jueves, 26 de septiembre de 2019

AMLO SEÑALA A EXMINISTRO DE ASESORAR A ‘SABOTEADORES’; COSSÍO RESPONDE

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el exministro José Ramón Cossío asesora a quienes han presentado amparos contra la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Santa Lucía. Inmediatamente recibió respuesta.

«Es una acción realmente, sino ilegal, sí ilegítima. Primero, porque un exministro no puede llevar a cabo esas actividades. Puede ser que no firme nada, pero si coordina, asesora, pues está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen durante un tiempo después de haber dejado el cargo de ministro”, resaltó.

Aunque señaló que ya no existe el Cisen, tiene a personas que le cuentan todo y que esperaba no fuera cierto, pero que le dijeron que el exministro estaba asesorando a 16 despachos que promueven amparos contra los proyectos del gobierno federal.

Mientras el mandatario daba a conocer esta información, el exmiembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respondió por redes sociales que era una confusión del tabasqueño, pues no asesora en los litigios contra los aeropuertos.

“Respecto a lo señalado esta mañana por el presidente López Obrador, quiero dejar en claro que no asesoro a ningún despacho ni persona en los litigios vinculados con los aeropuertos. Lamento la confusión en que ha incurrido el Presidente”, escribió.

Ante dicha situación, el Presidente y su equipo decidieron plantear el aeropuerto como un asunto de seguridad nacional, pese a eso se comprometió a que la obra será totalmente transparente. “Se establece ya en el programa, en este caso de Santa Lucia, lo planteé que, aunque es un asunto de seguridad nacional tenemos que informar permanentemente, aunque no podría hacerse legalmente, se tomó la decisión de que va a haber transparencia”, señaló.

Ante el que ha llamado un sabotaje legal, López Obrador dijo que por eso es importante la restricción que se presentó en la Ley Federal de Austeridad Republicana, que prohíbe que los servidores públicos trabajen en cargos relacionados a su función en el gobierno, hasta 10 años después de finalizada su gestión.

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