Los ministros emplazaron a los poderes Legislativo y Ejecutivo a que, en un plazo de 15 días hábiles, rindan un informe por escrito y de esa forma iniciar el periodo de instrucción del caso. La CNDH impugna 20 artículos y fracciones que, presume, contravienen principios de la Constitución y de tratados internacionales firmados por el país.
Dicha ley, que se promulgó el 9 de agosto, ha sido cuestionada por algunos sectores de la sociedad y legisladores de oposición porque, a su decir, violenta la presunción de inocencia y el respeto a la propiedad privada.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad con el fin de garantizar los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, de acceso a la información pública, a la propiedad, a la protección de datos personales, de tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso, así como los principios de legalidad, de máxima publicidad, de irretroactividad de la ley y de Supremacía Constitucional.
Para la CNDH, con dicha medida se trata de contribuir a contar con un marco jurídico sólido y adecuado en la materia, ya que la figura de extinción de dominio debe servir como herramienta eficaz para que el Estado Mexicano combata la delincuencia organizada mediante la disminución de sus recursos económicos.
De ahí la necesidad de un marco jurídico adecuado que haga efectiva la intención del constituyente y que cubra los resquicios legales, evitando así la impunidad.
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