“Las cartas que enviaron en forma masiva, no solo fue a los contadores públicos, también llegaron a otros actores vinculados a operaciones vulnerables, por ejemplo a personas dadas de alta (ante el SAT) en actividades contempladas en el artículo 17 (fracción XI) de la ley antilavado, como arrendatarios, casas de cambio, inmobiliarias, abogados, entre otros”, comentó a medios el presidente de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), Guillermo Mendieta.
Según información de la unidad de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables de la Administración General Jurídica del SAT, derivado del incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI o mejor conocida como ley antilavado), “estima conveniente implementar un esquema de facilidades”.
Lo anterior, porque del 95% de los sujetos obligados a sujetarse a la normatividad, en visitas de verificación se identificó al menos una observación.
En este sentido, en el periodo de autorregulación que comprendió del 21 de junio de 2019 al 15 de agosto del 2019, el SAT recibió nueve mil 549 solicitudes, de ellas el 96.0% fue aprobada y solo se rechazó el 4.0% (380 solicitudes).
En lo que respecta a las cartas recibidas por los miembros del CCPM, el SAT señala que es el Enfoque Basado en el Riesgo, fundamental para la implementación de los estándares internacionales del GAFI en el combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y la proliferación que fueron adoptados en el 2012.
De hecho, el brazo recaudador de impuestos, dijo que ese EBR para contadores fue actualizado en junio pasado.
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