Ciudad de México.- Ante diputados, la Secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero reconoció que México enfrenta una de las peores crisis en desapariciones de personas, pues en los últimos años las autoridades, sobre todo las municipales y algunas estatales, ocultaron una realidad que afecta a miles de familias mexicanas: la ausencia de sus seres queridos.
En respuesta a cuestionamientos de legisladores, en el marco del Análisis del Primer Informe de Gobierno, indicó que este tema es el número uno de la política del Gobierno federal, y el compromiso de la Presidencia de la República y de Segob “es no escatimar recursos económicos en esta titánica labor”.
Adelantó que en las próximas semanas se hará público el nuevo Registro de Personas Desparecidas y la Campaña Nacional para el Registro. “Primero, es buscar a las personas desaparecidas con vida, y después a personas desaparecidas que han fallecido”.
La titular de Segob mencionó que el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda para de 2019 es de 400 millones, los cuales se encuentran distribuidos en dos programas: Determinación, ejecución y seguimiento de las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, 193 millones 215 mil pesos, y Subsidios para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, de 207 millones 577 mil pesos.
Mencionó que son múltiples las acciones realizadas por la renaciente Comisión Nacional de Búsqueda, entre ellas, la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda y la Reestructura de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Además, a la fecha se han promovido 27 comisiones locales instaladas en diversas entidades federativas.
La política migratoria contempla ejes de integración y reintegración de las personas en México, con especial énfasis en áreas de educación, trabajo, identidad y salud.
“Los estamos incorporando a nuestros propios programas para los mexicanos, siempre y cuando, esta población migrante quiera permanecer en el país”.
Relató que México fue de los primeros países en suscribir el Pacto de Marrakech, que implica un acuerdo mundial para una migración segura, ordenada y regular. “Por eso estamos empeñados en identificar a las personas migrantes, porque la activación de estos mecanismos es para su propia protección. Nosotros registramos a los que llegan al país, por razones de propia seguridad nacional, no para estar de acuerdo con una política migratoria de los norteamericanos; es seguridad nacional”.
La Secretaría, afirmó, diseña e implementa una política migratoria, a partir de una responsabilidad compartida con todas las instituciones del Estado y las secretarías, a fin de proteger a las personas, lograr una movilidad voluntaria, segura, ordenada y regular.
Adelantó que se presentarán reformas a las leyes generales de Migración y de Población, para responder a este fenómeno migratorio, inédito e inusual.
Destacó que la política de derechos humanos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ubica en el centro la dignidad de todas las personas; pretende crear bienestar, sanar el tejido social para construir la paz por medio de la verdad, justicia, reparación integral y la no repetición. “Eso es lo que estamos haciendo. Las demandas históricas de las víctimas y de los luchadores sociales son escuchadas y son atendidas”.
jueves, 10 de octubre de 2019
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