Será la primera vez que un expresidente colombiano responda en indagatoria ante la Corte Suprema.
Pero más allá de ese carácter inusual, el peso político y popularidad del también senador Uribe -jefe del partido en el poder y mentor del actual mandatario Iván Duque- hacen que su caso trascienda, el ámbito jurídico y más cuando restan días para las elecciones locales del 27 de octubre.
Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010 con una política de seguridad de mano dura tan aplaudida como criticada, deberá acudir a partir de las 08H00 locales (13H00GMT) al tribunal que juzga a los aforados.
De 67 años, el exmandatario derechista enfrenta una investigación por manipulación de testigos en su calidad de senador, que podría llevarlo a juicio por dos delitos relacionados (soborno y fraude procesal) y que son castigados con unos ocho años de cárcel.
«A mí me hicieron 21,000 interceptaciones telefónicas, a las llamadas, a los mensajes. No hay una palabra mía que viole la ley», sostiene Uribe en su defensa.
Colombia entra así en una tendencia que ha marcado a los países latinoamericanos: la de líderes populares investigados o enjuiciados después de dejar el poder y cuyos casos se convierten en terremotos políticos, dado el protagonismo que mantienen en la vida pública.
Ello ocurrió con Lula en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Alberto Fujimori en Perú o Ricardo Martinelli en Panamá.
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