El reino saudita, en un intento de lavar su deteriorada imagen tras el crimen, ha enjuiciado a 11 sospechosos del asesinato el 2 de octubre 2018 del periodista, que inicialmente fue cercano al poder de Riad antes de convertirse en crítico.
Pero el asesinato, perpetrado en el consulado saudita en Estambul, habría implicado a 15 agentes del reino. La CIA así como una experta de la ONU han implicado al príncipe heredero y líder de hecho, Mohamed ben Salman, que lo desmiente.
Uno de los sospechosos, Saud al-Qahtani, consejero real y confidente del príncipe heredero, está ausente del proceso que se inició el enero de 2019 y que se celebra a puerta cerrada.
En la última audiencia a fines de julio, un familiar de Jamal Khashoggi criticó la ausencia de este sospechoso y pidió que fuera convocado para declarar, según indicaron a la AFP responsables occidentales. Se ignora la respuesta dada por el tribunal a esta solicitud.
Aún no se sabe cuándo acabará el juicio, y el ministerio encargado de prensa no respondió a las solicitudes de esclarecimiento de la AFP.
Diplomáticos de cinco países miembros del Consejo de seguridad de la ONU y de Turquía están autorizados a asistir como observadores al proceso. Sin embargo no tienen derecho a tener intérpretes –las deliberaciones son en árabe– y son generalmente convocados a última hora, según fuentes occidentales.
La familia de Jamal Khashoggi, autorizada a asistir al juicio, ha rechazado informaciones según las cuales habría allegado a un acuerdo financiero con el gobierno saudí.
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