El funcionario externó que la decisión del Presidente de emplear a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública no le otorga nuevas atribuciones sino que las reduce.
Refirió que se «limita las facultades (del ejército) que de manera general le otorga el artículo quinto transitorio de la reforma». Al respecto, agregó que «de acuerdo con la Constitución», el ejército podría efectuar «todas aquellas labores de prevención, investigación y persecución de delitos».
Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, fue quién cuestionó a Durazo sobre la posible militarización del país con este decreto presidencial, a lo que el titular de la SSPC descartó el hecho.
En este sentido, negó que exista un cambio en la estrategia de seguridad del gobierno federal, y puntualizó que ésta se encuentra ceñida a lo aprobado en el Congreso de la Unión.
Durazo puntualizó que en este momento son 27 mil 364 los elementos de la Sedena que auxilian en la contingencia sanitaria, la Semar aporta 12 mil 508 y el Servicio de Protección Federal 637; mientras que la Guardia Nacional aporta 10 mil 470 de sus integrantes.
El secretario resaltó la labor de todos uniformados en el resguardo de hospitales y almacenes, en la distribución de alimentos en algunas zonas, pero principalmente en la transportación de insumos médicos para la atención de personas con Covid-19.
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