La dirección de los insurgentes ordenó a sus combatientes «tomar medidas especiales para la seguridad de los compatriotas, y no llevar a cabo operaciones ofensivas contra el enemigo», aunque se podrán defender si son atacados, según un comunicado de los talibanes transmitido por Zabihullah Mujahid, uno de sus portavoces.
Es la primera vez que los talibanes proponen deponer las armas desde que una coalición internacional dirigida por Estados Unidos los echó del poder a finales de 2001.
A finales de abril los rebeldes rechazaron una oferta de alto el fuego del presidente Ashraf Ghani con motivo del Ramadán, propuesta que calificaron como «no racional ni convincente».
Los talibanes intensificaron sus ataques contra las fuerzas de seguridad afganas justo después de la firma a finales de febrero en Doha de un acuerdo con Estados Unidos para la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán en un plazo de 14 meses a cambio de garantías de seguridad.
Han llevado a cabo más de 3,800 ataques desde marzo, matando 420 civiles e hiriendo a otros 906, según las autoridades afganas.
La misión de asistencia de la ONU en Afganistán (Manua), en un informe el pasado martes, contabilizó 208 civiles muertos en abril a causa de los ataques rebeldes, una cifra en alza del 25% respecto a abril de 2019.
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