El movimiento prolonga el enfrentamiento político entre el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez y las autoridades regionales de Madrid, de la oposición conservadora, que se oponen a restricciones generalizadas en la capital.
«Hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y evitar que esto se propague a otras comunidades autónomas», indicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Con este decreto, el gobierno aplica de forma inmediata «las mismas medidas» decretadas hace una semana pero revocadas el jueves por un alto tribunal regional, argumentando que la ley empleada no amparaba la limitación de «derechos y libertades fundamentales».
Estas restricciones afectan a Madrid y ocho municipios de la región, cuyos más de 4 millones de habitantes no podrán salir de sus localidades salvo para trabajar o motivos de estricta necesidad.
Además, se limitan los aforos en comercios y se obliga a cerrar bares y restaurantes a las 23:00 horas locales.
«Todo sigue igual, simplemente con otra cobertura jurídica», indicó Illa, que confía en poder «conseguir una estabilización» en dos semanas.
En un país con las competencias sanitarias derivadas a las regiones, el estado de alarma centraliza la gestión en el gobierno, que lo empleó entre marzo y junio para amparar el severo confinamiento de todo el país.
Es «una medida que ningún madrileño va a entender», criticó el consejero regional de Salud, Enrique Ruiz Escudero. «Cada día que pase (…) vamos a pedir que se levante el estado de alarma», añadió.
Desde su administración defienden que las restricciones impuestas selectivamente desde septiembre en los barrios con más contagios, especialmente zonas obreras al sur de la región, ya estaban dando resultados.
De rozar los 800 casos por 100 mil habitantes a finales de septiembre, la incidencia había bajado a 564 casos, contra una media española de 257, una de las más elevadas de Europa.
Ante este argumento, el ministro recordó que 63 personas fallecieron por Covid-19 esta semana en Madrid y casi 500 se encuentran en cuidados intensivos.
«No hay más ciego que el que no quiere ver», dijo Illa, subrayando que ciudades como París, Londres o Berlín implantaron medidas similares con incidencias mucho más bajas.
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