Decretado el domingo por el gobierno de izquierda de Pedro Sánchez, este régimen excepcional, que se mantendrá en vigor hasta el 9 de mayo, da cobertura legal a un toque de queda en casi todo el país y autoriza a las regiones, competentes en materia de salud pública, a confinar sus territorios para limitar la movilidad de los españoles.
Los gobiernos de muchas de las 17 regiones españolas ya se acogieron a esta opción, cerrando perimetralmente regiones o municipios que engloban alrededor de tres cuartas partes de los 47 millones de habitantes.
Aun estando en minoría parlamentaria, el gobierno de Sánchez consiguió aunar un respaldo mayoritario de 194 diputados, frente a 53 votos en contra de la extrema derecha y 99 abstenciones, entre ellas las del principal partido opositor, el conservador Partido Popular.
«Somos conscientes de que la ciudadanía empieza a estar cansada de meses realizando esfuerzos y sacrificios, pero no es el momento de relajar medidas. Estamos ante unas semanas o unos meses que van a ser muy duros», indicó durante el debate el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
A mediados de marzo, durante la primera ola del coronavirus, el estado de alarma dio amparo al gobierno para decretar un severo confinamiento domiciliario para todos los españoles que, por ahora, no se contempla en esta ocasión.
Aunque ahora presenta un crecimiento del virus inferior a otros países del entorno, España es de los países europeos más castigados por el coronavirus, con más de un millón de contagios y 35,000 víctimas mortales.
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