miércoles, 14 de octubre de 2020

Proyecto del TEPJF propone negar registro a México Libre

CDMX, 14 octubre 2020.- El proyecto de resolución formulado por el ministro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez propondría negar el registro como partido político a México Libre.

De acuerdo con el proyecto divulgado este martes por el mismo magistrado, se acreditó la infracción consistente “en haber recibido aportaciones en efectivo de sujetos no identificados, tuvo un impacto determinante insuperable, respecto a la verificación auténtica y verás de la satisfacción de los requisitos de representatividad territorial y apoyo ciudadano por parte de la organización”.

En consecuencia, refiere el documento, lo procedente es confirmar la negativa de registro como partido político, a la organización “Libertad y Responsabilidad Democrática A.C.”, organización de la excandidata presidencial Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón.

De esta forma se ratifican las conclusiones sancionatorias por conductas infractoras acreditadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en su dictamen de resolución.

En su cuenta de Twitter, el magistrado Vargas Valdez señaló que el proyecto propone la negativa y reitera que la asociación no acreditó el origen de las aportaciones en dinero que recibió por parte de sus simpatizantes.

«Estimo que el derecho de asociación de sus afiliados se vio afectado por las irregularidades sistemáticas cometidas por la misma organización, que no fueron subsanadas ante el INE durante el proceso de revisión de sus ingresos y egresos para la obtención del registro», señala.

Refiere además que si bien no acompaña las consideraciones del INE para negar el registro a este partido, considera que la infracción en materia de fiscalización vulnera «los principios constitucionales de transparencia, rendición de cuantas, certeza y pulcritud, que repercuten de forma determinante en la concesión de registro».


Frente a ello, Vargas Valdez concluye el proyecto se ve respaldado por el argumento de que quien “accede al financiamiento público de los partidos políticos cumple cabalmente con los principios constitucionales de certeza, transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad”.

 

 

 

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