Se pudo arribar a este acuerdo a través del funcionamiento de las mesas de diálogo que se conformaron en los penales de la provincia de Buenos Aires con autoridades del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Poder Judicial y de organismos humanitarios.
Grupos de presos se habían amotinado y subido a los techos de al menos cuatro cárceles en demanda de autorizaciones para visitas de familiares, vedadas desde que se declaró la pandemia del coronavirus, comprobaron periodistas de la AFP.
Las autoridades no reportaron incidentes graves ni heridos o enfrentamientos, en un país donde la Covid-19 lleva causadas 31 mil muertes y más de un millón 160 mil contagios.
Las protestas tuvieron como escenario los penales de las localidades de Melchor Romero, Florencio Varela, Campana y San Martín, todos ellos a más de 50 km de Buenos Aires, según el SPB.
Las autoridades registraron sólo incidentes menores y tomas temporarias de rehenes.
El confinamiento y medidas para contener al coronavirus en todo el país eran estrictas en los primeros tres meses, pero se han flexibilizado hasta el restablecimiento casi total de las actividades comerciales e industriales.
Aún siguen prohibidos los espectáculos públicos y las reuniones masivas, en tanto que los servicios de transporte están limitados a trabajadores no esenciales.
Hasta ahora los reclusos estaban autorizados a usar teléfonos celulares y realizar videollamadas con familiares, según el SPB.
La tasa de mortalidad de la Covid-19 en Argentina es de 2.7%, pero su nivel se eleva en las cárceles a 3.4%, según un informe de la humanitaria Comisión Provincial contra la Tortura.
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