Los recursos fueron autorizados por el presidente Enrique Peña Nieto, a través del entonces secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. No fue la única operación. Algo similar ocurrió en otros estados del país, particularmente Baja California Sur, Quintana Roo y el estado de México, lugares en los que funcionarios federales y organizaciones supuestamente propietarias de bienes “valiosos” intervenían en litigios y presionaban para obtener beneficios para el círculo cercano del expresidente priista, en acciones que eran autorizadas desde el entonces gabinete presidencial.
Estas son parte de las revelaciones que ofrece Emilio Zebadúa González, exoficial mayor en la Secretaría de Desarrollo Social y la Sedatu, hombre muy cercano a Rosario Robles; y hoy testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, quien a cambio de que se le otorgue el criterio de oportunidad que lo exonere de las acusaciones en su contra o disminuya su responsabilidad como artífice del desfalco millonario a dichas dependencias, ha revelado una trama de probable corrupción, hasta ahora desconocida, en torno al proyecto del NAICM.
Su declaración se convierte en la primera que rinde un exfuncionario que involucra gran parte del andamiaje institucional en posibles operaciones de corrupción. Acusa al expresidente Enrique Peña Nieto, a cinco exsecretarios de Estado, a seis extitulares de dependencias y exsubsecretarios, como personajes que conocían de la trama ilegal.
Zebadúa González evidencia, además, las operaciones que asegura, desde el gabinete presidencial, se hicieron para obtener beneficios a favor de personas cercanas al expresidente Peña Nieto, bajo un esquema en el que recursos públicos fueron desviados sistemáticamente, sostiene, desde el inició de la anterior administración para fines político-electorales.
"Todas las actuaciones y decisiones se tomaban a nivel del gabinete presidencial y con la gente de confianza del presidente Enrique Peña Nieto, nunca participé, determiné, ni opiné sobre las estrategias o planeación de estas, ya que la secretaria Rosario Robles Berlanga instruía a sus subordinados para que actuaran de esa forma", relata Emilio Zebadúa en la declaración ministerial que el pasado 9 de octubre presentó ante la Fiscalía General de la República.
Emilio Zebadúa, bajo investigación de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, no ha sido acusado formalmente del lavado de dinero y otros delitos que lo apuntan como uno de los principales artífices de la llamada “Estafa Maestra”.
El exfuncionario, al igual que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ofreció detalles con nombres y acciones de las presuntas operaciones irregulares que involucraron la participación de al menos una decena de altos funcionarios, empezando por el expresidente Peña Nieto, y los entonces titulares de las Secretarías de Gobernación, de Hacienda, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Comunicaciones y Transportes, Conagua, y Semarnat, entre otras.
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