El dictamen, que reforma los artículos 94, 97, 99, 100, 105 y 107 de la Constitución Política, fueron enviados a los Congresos estatales para continuar con el proceso legislativo.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (MORENA), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, sostuvo que estas reformas “dan un gran calado a esta nueva causa del proceso judicial y representan un esfuerzo adicional para fortalecer a la Suprema Corte de Justicia en tribunal constitucional”.
Argumentó que la finalidad del cambio es acercar, tal y como lo dispone el artículo 17 constitucional, la justicia a todas y todos los mexicanos.
En representación del PAN, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas planteó que si bien hay planteamientos afables en esta reforma, “alberga la gran posibilidad de debilitar la independencia y la autonomía de la Suprema Corte de Justicia y de la impartición de la misma”.
La legisladora por Veracruz lamentó que se eliminen los plenos de circuito, considerando que esto “es un atentado en contra del federalismo”, al tiempo que consideró que el establecimiento de tribunales colegiados de apelación en sustitución de los tribunales unitarios de circuito se traducirá en más burocracia y gastos administrativos y no mayor calidad en las sentencias.
A nombre del PRI, la diputada María Alemán Muñoz Castillo sostuvo que una las principales finalidades de la reforma es fortalecer el rol de la Suprema Corte como Tribunal constitucional “para que pueda interpretar entonces y defender con más fuerza y con eficacia los derechos y las instituciones que nuestra Constitución establece”.
Al exponer las razones del voto en contra de MC, la diputada Adriana Gabriela Medina cuestionó la prisa, las ambigüedades y la falta de cuidado con la que se concretó esta reforma que, alertó, podría conllevar “una lógica política centralista, anacrónica y un tanto autoritaria que pueda hacer sucumbir la República”.
La diputada perredista Mónica Bautista sostuvo que la reforma es todavía más relevante que la aprobada en 1994, toda vez que propone la creación de una Ley de Carrera Judicial, a fin de ordenar el ingreso, movilidad, ascensos y adscripciones a su interior con excepción de los cargos de la Suprema Corte.
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