En su gira del pasado fin de semana, en el estado de Baja California, el mandatario habló del proceso electoral en dicha entidad para elegir un nuevo gobernador y mencionó que el año próximo, no sólo va a haber elecciones en 15 estados para gobernadores, sino se va a renovar también la Cámara de Diputados, que es fundamental en lo que corresponde a las facultades del Poder Legislativo.
También lo hizo en su conferencia matutina del 30 de noviembre, al criticar una posible alianza entre el PRI y el PAN e invitó a la población a reflexionar sobre su voto y a mantener el proyecto del gobierno en turno.
Ante esto, 12 diputadas y diputados federales así como los partidos PRD y PAN presentaron diversas solicitudes a la Comisión de Quejas del INE, argumentando que el Presidente había violado los artículos 41 y 134 de la Constitución.
Los denunciantes pidieron al órgano dictar medidas cautelares por el uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y llamado indebido al voto.
Tras revisar el caso, la Comisión determinó que existen elementos suficientes para presumir una violación a la legalidad en las expresiones de López Obrador y emitió las medidas.
La Comisión recordó que “existe la prohibición constitucional para que los servidores públicos afecten la equidad de la contienda electoral e influyan en las preferencias electorales de la ciudadanía”.
Las declaraciones del presidente “se dieron ya dentro del desarrollo del Proceso Electoral Federal 2020-2021 e incluyeron elementos e información de índole electoral que pueden afectar la equidad o influir en las preferencias de la ciudadanía en los comicios federales y locales de 2021”, refirió la Comisión.
Sobre la acusación de promoción personalizada, la Comisión del INE dictaminó que no existen elementos para determinarla, pues resulta razonable y lógico que el presidente presente los avances de las obras en la entidad federativa y su imagen en la conferencia de prensa matutina.
Y sobre el uso indebido de recursos públicos, se declaró la improcedencia porque “es un tópico del que esta autoridad no puede pronunciarse en sede cautelar, ya que requiere un análisis de fondo por parte de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
La queja fue resuelta por unanimidad de votos de las Consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela y del Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias.
Con las medidas cautelares emitidas, el presidente López Obrador deberá abstenerse “de realizar expresiones que resulten ilegales al constituir actos de intromisión electoral y de proselitismo en favor o en contra de una fuerza política, en desacato a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda”.
En un comunicado, el órgano añadió que la queja fue resuelta por unanimidad de votos y que los integrantes de la Comisión señalaron que el caso no debe de verse como un hecho aislado, pues no es la primera vez que ocurre.
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