Geovani Barrios Moreno, presidente del colectivo de familias desaparecidas “Justicia por Tamaulipas”, confirmó la investigación, luego de recibir una notificación por parte de la Corte Internacional de La Haya.
El abogado consideró como algo muy importante para el país, ya que ninguna otra denuncia presentada por México había avanzado a la segunda fase, la cual, además, dejará un antecedente fuerte.
Indicó que a través de un correo electrónico la Corte Internacional le dice que activamente se le da seguimiento y se analiza la información que se proveyó y se da paso a la segunda etapa, para poder considerar ya una etapa preliminar y después del proceso es que se libera la orden de aprehensión”, explicó.
Los investigados son tres funcionarios, dos de ellos son los exgobernadores priistas, acusados por el gobierno de los Estados Unidos por los delitos de crimen organizado y lavado de dinero.
Barrios Barrientos explicó que estas demandas también respaldan las informaciones que ellos presentaron ante La Haya para que se diera el paso a las investigaciones.
El delito de lesa humanidad en la modalidad de desaparición forzada radica en las cientos de muertes que hubo durante sus administraciones luego de que el crimen organizado se llevará a las personas y las desaparecía.
Ellos sabían que se estaban cometiendo este tipo de acciones (desapariciones) que atacaban a la sociedad, no hicieron nada, al contrario permitieron que la delincuencia organizada llevará a cabo esta conducta”, argumento.
Dijo que la omisión de esos crímenes los convierte en cómplices.
La demanda la presentaron desde el 2018 pero comenzó a tomar fuerza cuando tuvo una entrevista con el alto mando donde dio a conocer las grandes cifras de desapariciones en México.
Dijo que el siguiente paso es que la Corte solicitará información al Gobierno federal y que estos se verán obligados a proporcionarla ya que México está dentro de los tratados internacionales.
Geovani Barrios Moreno dijo que la decisión de la Corte es muy importante ya que dejará un antecedente en México, porque cree que las cosas debe cambiar, “México no está bien, tenemos que cambiar, tanto los gobiernos federales como estatales no entienden que la problemática sigue, no ha desaparecido no ves una luz de esperanza para poder localizar a los que nos hacen falta”, dijo.
Adelantó que en caso de que los ex gobernadores sean solicitados y una vez enjuiciados reciban condena, esta será entre los 30 años a cadena perpetua, además estarán obligados a cubrir los daños.
Los estatutos de Roma además señalan que se podrá imponer el decomiso de productos bienes y los haberes procedentes del inculpado para poder cubrir los daños”, señaló.
Yarrington Ruvalcaba y Hernández Flores se encuentran actualmente detenidos ya que el gobierno de Estados Unidos los acusa de tener relaciones con el crimen organizado como Los Zetas y el Cártel del Golfo.
Durante sus administraciones, en el estado se registró una guerra sin cuartel entre estos dos grupos delincuenciales que a la fecha ha cobrado cientos de vidas.
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