Durante el trayecto a la presa Picachos, el mandatario federal dialogó con comuneros del pueblo San Marcos, quienes pidieron ayuda para destrabar el pago por más de 300 hectáreas de uso común en proceso de expropiación por la edificación del embalse.
Fabián Valle Moreno, a nombre de la comunidad, dijo que más de cien convenios se encuentran pendientes desde hace diez años, cuando se inició la construcción de la presa, en perjuicio de unas 250 familias, y dijo confiar en la promesa que hizo López Obrador al instruir que los responsables de la obra revisen los incumplimientos.
El sábado anterior, el titular del Ejecutivo federal visitó la presa Santa María, en cuyos alrededores se realizan obras para emparejar el terreno en el cual se construirá el nuevo centro poblacional Los Otates, en el que se reubicará a 119 familias de Santa María que serán desplazadas cuando se termine el embalse, y a las que López Obrador ofreció regresar a visitarlas.
Un juez estatal concedió a esas personas un amparo, por considerar que se les violaron sus derechos constitucionales con los trabajos de la presa Santa María, que ofrecieron retirar cuando el gobierno de Sinaloa se comprometa a construirles casas con servicios públicos, mover el panteón con los difuntos que aloja, un museo comunitario, centros educativos y una clínica.
Juan Silva, vocero de los perjudicados por la presa Santa María, y otros pobladores, entregaron un documento al Presidente en el que solicitan a Ordaz Coppel presupuesto para que la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sinaloa realice el levantamiento y traslado del templo de La Purísima Concepción, y un registro del patrimonio arqueológico del lugar, entre otros proyectos.
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