“Aunque el actual titular del Ejecutivo Federal ha afirmado reiteradamente que con la reforma aprobada en 2020 quedó eliminado su fuero, la realidad es que los cambios no cumplieron con ese objetivo, toda vez que la inmunidad procesal para el cargo se mantiene”, puntualizó la bancada priista.
La iniciativa suscrita por Dulce María Sauri, René Juárez, Enrique Ochoa, Mariana Rodríguez y Claudia Pastor prevé conservar la protección constitucional al cargo de Presidente de la República, pero en caso de que existan acusaciones por la comisión de actos delictivos, la Cámara de Diputados deberá resolver si da lugar a poner al inculpado a disposición de las autoridades, dando cauce al mandato constitucional de que pueda ser imputado y juzgado.
“Es decir, se debe seguir el mismo procedimiento a todos los servidores públicos, sin privilegios, y la Cámara de Diputados mantendrá su función de resolver si quedan o no a disposición de un juez para que los condene respecto al delito por el que se les acusa”, remarcaron los legisladores.
El artículo 111 constitucional establece actualmente que, en el caso de imputación de delitos al Presidente de la República, “solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110, la cual resolverá con base en la legislación penal aplicable”.
Ello, en lugar de retirarle la inmunidad procesal y ponerlo a disposición de las autoridades competentes, como sucede con cualquier otro servidor público.
“Para las y los diputados del PRI, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene los principios fundamentales de igualdad ante la ley y no discriminación, tanto en derechos como en garantías, y por eso la reforma propuesta es homologar el proceso de desafuero del Presidente de la República con el de los otros servidores públicos”, señalaron.
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