La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición de la venta de vapeadores. Y aunque esto no significa que cualquier comercio puede vender estos dispositivos, sí provocará cambios para los usuarios, aunque tal vez no en el corto plazo.
Con la decisión en la Corte, se logró crear jurisprudencia, esto significa que los jueces a nivel federal tienen que conceder amparos a las personas que se apeguen a este recurso legal para poder importar, distribuir y comercializar los dispositivos en México.
“No cualquier persona puede vender vapeadores, porque todavía no existe una regulación para llevar a cabo estos procedimientos. Lo que hace la Corte es [establecer] que hay criterio general que dice que no se puede prohibir la venta, pero esto no significa que se pueda vender en cualquier condición”, explica Juan José Cirión, presidente de México y el Mundo Vapeando (Mexvap).
Cirión explica que, al resolver una contradicción de tesis, se logró crear jurisprudencia de forma más rápida a como ocurrió con el uso lúdico de la marihuana, que tuvo que sumar cinco sentencias de amparo aprobatorias ante la SCJN. Es por ello que las personas que deseen importar, distribuir y vender los dispositivos, primero deben hacer la solicitud de amparo.
Y aunque para las organizaciones a favor del uso del vapeador aún hay un camino por recorrer respecto a la regulación en el Congreso de la Unión, servirá para dar certeza a los consumidores y, al mismo tiempo, permitir la regulación del mercado, que hasta ahora se ha desarrollado en la clandestinidad.
Esto significa que los próximos proyectos que lleguen a la Cámara de Diputados para regular la venta de vapeadores no tendrán que iniciar sus discusiones sobre si esta actividad es legal o no, ahora deberán dar paso a la creación de una regulación para acompañar la declaratoria de la Corte.
Roberto Sussman, presidente de ProVapeo Mx, proyecta que hay cerca de 1.5 millones de usuarios de vapeadores en México, quienes tienen que recurrir a un mercado negro para adquirir los productos.
De regularse, este mercado negro podría disiparse y generar una recaudación de impuestos por cerca de 2,000 millones de pesos, además de inversiones que podrían dar un impulso a la economía nacional.
La regulación también permitiría a México tener una rebanada de un pastel que tuvo un valor global 15,040 millones de dólares en 2020 y que crecerá a una tasa anual compuesta (que mide la tasa de retorno de inversión) de 28.1% hacia 2028, de acuerdo con previsiones de la consultora Grand View Research.
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