Según el estudio ‘Gobierno pasivo, crimen organizado y deforestación: el caso del occidente de México’, las autoridades federales y estatales han permitido la tala ilegal y la continua degradación de los bosques, que no se detiene ni durante la temporada de incendios forestales, por medio de una red de corrupción de las bandas criminales.
La investigación realizada por los académicos de la UDG, Carlos Ignacio García Jiménez, ingeniero agrónomo y doctor en Economía Aplicada, así como Yalma Vargas Rodríguez, bióloga y doctora en Ciencias en Sistemática, Ecología y Evolución, establece que entre 2017 y 2019, el 4% de la producción nacional de madera fue extraída ilegalmente tan sólo de Talpa de Allende, Jalisco.
En 2019, la producción total de madera en el país fue de 7.5 millones de metros cúbicos, según datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
El artículo publicado en la revista Conservation Science and Practice, estima que el 70% de la madera en México carece de permisos de extracción.
Precisa que las malas prácticas institucionales, los presupuestos reducidos y las redes de corrupción e impunidad generan degradación ambiental en el oeste y probablemente en otras regiones del territorio nacional.
El Modus Operandi de los delincuentes es seleccionar un área boscosa de su interés y se acercan al propietario ofreciendo un pago por la madera; si el dueño no quiere vender, a menudo a precios muy bajos, la organización criminal actúa de todos modos, e incluso sin compensación”, relatan.
Los propietarios presentan quejas ante la Profepa y, a menudo, reciben como respuesta que un inspector realice una visita de supervisión al área; sin embargo, una vez que las autoridades del gobierno federal llegan a fiscalizar, las pandillas los intimidan o secuestran, por lo que tienen que salir huyendo”, señala.
Los académicos agregan que los habitantes y autoridades locales ven a diario la extracción ilegal de caoba, nogal, oyamel, pino y roble, cuando los camiones pasan repletos de madera, por las carreteras hacia los puertos de Colima y Michoacán.
Las autoridades gubernamentales permiten pasivamente estas actividades irregulares por la falta de sanciones (atribución de Profepa), y la falta de acciones legales, que es responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su oficina de delitos ambientales, que muy rara vez realiza detenciones o consigue condenas contra los delincuentes”, subraya.
De acuerdo con información de seguridad federal, en Jalisco sólo opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que en Michoacán además del CJNG, hay células de la Familia Michoacana, Los Viagras y Cárteles Unidos.
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