En una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano, la Administración del Presidente Pedro Castillo argumentó que la decisión se debió a “un incremento significativo” del índice delictivo en esas zonas.
En el decreto, el Gobierno estableció que la actuación de las Fuerzas Armadas constituye una tarea de apoyo en el combate al crimen, aunque aclaró que “el control del orden interno” permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional del Perú.
Según indica el texto, la Policía había denunciado un “aumento de las actividades de organizaciones delictivas dedicadas, entre otros, al tráfico ilícito de drogas en sus distintas modalidades, tenencia ilegal de armas, robos, hurtos y demás delitos que ponen en peligro la integridad física de los ciudadanos”.
De acuerdo con lo comunicado por la fuerza de seguridad interna, este incremento de la criminalidad se dio mayormente en la zona de la capital y el vecino departamento de Callao, donde la cantidad de hechos había “logrado sobrepasar la capacidad operativa” de la Policía Nacional.
Por otra parte, en el decreto se aclara que la intervención de las Fuerzas Armadas “no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Perú es parte”.
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