Esta vez fue el turno de un decreto que Bonilla emitió casi al finalizar su administración, con el que supuestamente otorgaban permisos de pesca ribereña y anuencias de pesca a pequeña escala, lo cual Ávila Olmeda desmintió señalándolo como ilegal.
En conferencia de prensa la gobernadora explicó que el otorgamiento de dichos permisos para pescadores es facultad exclusiva de la federación.
“Sabemos la necesidad de los pescadores, pero no es la autoridad estatal la competente para otorgar permisos, sino la federación, los pescadores lo sabían y había molestia por la simulación”, dijo.
En octubre de 2021, supuestamente, Bonilla entregó 19 anuencias a pescadores. Incluso en una fotografía durante la ceremonia de otorgamiento de permisos. Posteriormente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural desconoció los permisos y señaló que son inconstitucionales, por lo cual actualmente sostienen un recurso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los mismos.
Por su parte el consejero jurídico de Baja California, Juan José Pon, informó que no lograron encontrar la documentación referente a la cantidad de permisos apócrifos entregados por la administración de Bonilla.
Actualmente el gobierno de Baja California sostiene un litigio contra la empresa Next Energy y el banco Afirme, entes a los cuáles les fue entregado dinero de las arcas estatales por una obra cuya construcción nunca arrancó y que no cuenta con los permisos para llevarse a cabo.
La obra se trata de una planta fotovoltaica que proveería de energía al estado de Baja California, la cual fue anunciada por Jaime Bonilla con bombo y platillo e incluso, se realizó un evento simbólico donde el exgobernador “puso la primera piedra” de dicho proyecto, junto a la empresa Next Energy.
Para la construcción de una planta fotovoltaica se requieren permisos federales con los cuales Bonilla no contaba a la hora de firmar el contrato de la obra, ante lo cual, no pudo ser iniciada, sin embargo, se adelantaron los pagos por la misma.
Una vez concluida la administración de Bonilla y con la entrada de Marina del Pilar al gobierno de Baja California, dicha irregularidad fue detectada y anunciada ante medios de comunicación, donde además se aseguró que están tomando acciones legales al respecto e incluso hay denuncias contra siete ex funcionarios del gobierno anterior. Recientemente, la autoridad judicial ordenó al Banco Afirmé regresar 123 millones de pesos al gobierno de Baja California, en un plazo que venció el pasado 23 de marzo.
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