En un primer caso la ASF revisó una muestra de 279.9 millones de pesos que representó el 81 por ciento de los 345.4 millones transferidos al Gobierno del Estado de México, mediante los recursos del Programa de Atención a la Salud.
Del 31 de diciembre de 2021 al 31 de marzo de 2022 el gobierno mexiquense, habría ejercido y pagado recursos por 184.9 millones de pesos, monto que representó 53.5 por ciento respecto a los recursos transferidos; por lo anterior se determinaron recursos no ejercidos por 160.5 millones que representó el 46.5 por ciento de los recursos transferidos.
De acuerdo con la ASF, la entidad federativa infringió la normativa, principalmente en materia de transferencia de los recursos, registro e información financiera de las operaciones y servicios personales; así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 100,130.4 miles de pesos, que representa el 35.8 por ciento de la muestra auditada, los cuales, fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Asimismo, señaló que se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia, ya que el Gobierno del Estado de México reportó cifras en el cuarto trimestre que no guardaron congruencia con los registros contables y presupuestarios; tampoco remitió oportunamente al Instituto de Salud del Bienestar la información a que estaba obligado a reportar, advirtió el órgano fiscalizador.
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