En un comunicado, la CJEF advirtió que explorará todas las vías jurídicas para combatir la resolución a la que calificó de ilegal. Además, acusó a los magistrados de emprender una guerra contra la reforma, que fue impulsada desde Palacio Nacional.
"La mayoría de magistrados de la Sala Superior del TEPJF son parte de una guerra jurídica 'lawfare' en contra de la transformación de un marco normativo que, en su momento, fue diseñado para beneficiar a los grupos de interés político y económico en perjuicio del pueblo de México", aseguró.
El 2 de marzo, tras la promulgación de la reforma electoral, Jacobo se vio obligado a dejar su cargo en el INE, pero recurrió ante un juez y al TEPJF para inconformarse por la decisión.
El 9 de marzo, el funcionario ganó un amparo y un tribunal federal ordenó restituirlo en el cargo, por lo que el funcionario retomó su lugar en el órgano electoral a partir del 13 de marzo.
Ya en funciones, Jacobo se desistió del recurso que interpuso ante el TEPJF. Sin embargo, los magistrados electorales determinaron seguir adelante y resolver sobre el fondo del asunto.
Este miércoles, con el voto de calidad del Magistrado presidente Reyes Rodríguez, la sala superior del TEPJF aprobó la inaplicación del artículo décimo séptimo transitorio del "Plan B" y determinó que el secretario ejecutivo de INE debe continuar en su cargo.
En respuesta, la Consejería Jurídica de Presidencia emitió un pronunciamiento en el que asegura que la decisión genera un conflicto competencial entre los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación.
"El INE no está legitimado para interponer un juicio electoral en defensa de los supuestos derechos político-electorales de Edmundo Jacobo Molina, quien se desistió de la demanda presentada ante el TEPJF; esta situación hace patente la parcialidad y arbitrariedad con la que se conducen los magistrados que votaron a favor del proyecto", criticó.
La CJEF acusó a los magistrados Reyes Rodríguez, Mata Pizaña y Janine Otálora Malassis -quienes votaron a favor-- de formar parte de "un bloque" que "sistemáticamente resuelve asuntos que no son de su competencia o que contradicen abiertamente los criterios de la SCJN".
"Este grupo de magistrados electorales fueron beneficiados de un acuerdo inconstitucional que data de 2016, entre las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD en el Senado de la República, quienes ampliaron indebidamente los plazos para que ocuparan las magistraturas hasta después de 2024, con lo cual se comprometió la parcialidad de dichos juzgadores", denunció.
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