La citada red de corrupción involucra a otras siete personas, incluyendo a su esposa Linda Cristina Pereyra, empresarios y otro exservidor público de la Policía Federal, los cuales enfrentan una demanda civil ante un Tribunal Judicial de Florida en los Estados Unidos, con el fin de recuperar esos activos que habrían sido desviados de fondos públicos mexicanos.
A través de un comunicado, la UIF explicó que la red de corrupción de García Luna utilizó un total de 44 empresas en México, Estados Unidos y algunos paraísos fiscales para ocultar el origen de los recursos y adquirir bienes muebles e inmuebles en los Estados Unidos de América.
La instancia a cargo de Pablo Gómez agregó que el monto del presunto peculado podría aumentar, ya que “sigue el examen de otras operaciones” que podrían sumarse a las ya detectadas por las autoridades hacendarias mexicanas.
De acuerdo con la UIF, los 745.9 millones de dólares que García Luna y su red de corrupción extrajeron de las arcas públicos, “fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro de los mismos, recurriendo a la utilización de paraísos fiscales”.
Posteriormente, dichos recursos se usaron para “la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida”, por lo que el gobierno mexicano busca recuperarlos a través de denuncias penales en México y la demanda civil que se presentó en Florida, Estados Unidos.
La indagatoria de la UIF identificó a los participantes en esta red de corrupción que presuntamente dirigía García Luna; así como sus formas de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos.
En consecuencia, incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a quienes participaron en esa confabulación y los denunció ante la Fiscalía General de la República, el 24 de diciembre de 2019
Además, el gobierno mexicano presentó el 21 de septiembre de 2021, una demanda civil ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con el dinero extraídos de forma irregular del erario mexicano.
La UIF aclaró que el proceso civil iniciado en 2021 es “independiente del juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, New York”.
Por lo que se refiere a México, la UIF adelantó que hay varios procesos penales en curso que se iniciaron en la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto peculado y las contrataciones públicas que se asignaron de forma indebida mediante la citada red de corrupción.
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