Las autoridades consideran que los jueces Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godínez pudieron incurrir en un delito contemplado en el Código Penal ruso al poner en cuestión la protección de la que teóricamente goza un jefe de Estado como Putin, según un comunicado del Comité de Investigación recogido por la agencia Interfax.
También señalan al fiscal del TPI, Karim Khan, por inculpar presuntamente a una persona inocente y señalar igualmente a un mandatario extranjero protegido. Khan inició investigaciones para determinar si se han cometido crímenes de guerra o contra la humanidad en el marco de la ofensiva sobre Ucrania.
Moscú alega la “inmunidad absoluta” de Putin ante procesos en el extranjero para echar por tierra cualquier potencial procesamiento, si bien es complicado que, con el actual marco político, el presidente ruso pueda ser detenido y entregado a La Haya para sentarse en el banquillo.
A partir de la orden de aprehensión impuesta por la Corte Penal Internacional contra Vladímir Putin, Rusia calificó la acción como nula jurídicamente, pues “Rusia no es partícipe del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional”, y no tiene obligaciones.
Asimismo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tachó la orden de “indignante” e “inadmisible“, pues la Federación Rusa no reconoce la jurisdicción de este tribunal internacional, y no tiene validez “desde el punto de vista del derecho“, reportó la agencia agencia RIA Nóvosti.
El mandatario ruso, así como la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova, fueron acusados de deportar y trasladar ilegalmente a niños y niñas de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, lo que de acuerdo con el derecho internacional, constituye a un crimen de guerra.
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