A lo largo de esas 72 horas se reportaron pérdidas millonarias. Productores de melón, mango y limón se quejaron porque les era imposible mover sus productos. Al menos ocho de los bloqueos fueron encabezados por alcaldes de la Tierra Caliente que militan en el PRI, el PRD y Morena.
Durante esas horas todo se paralizó. La gente tuvo que caminar kilómetros en busca de comida, según reporte de medios locales. Las clases fueron suspendidas. Los poblados quedaron sin transporte público, pues los choferes fueron obligados a sumarse a los bloqueos. Lo mismo ocurrió con transportistas y comerciantes. Camiones y tráileres fueron atravesados en las carreteras.
El jueves pasado hubo una reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz, en Ciudad Altamirano, Guerrero. Once alcaldes de Tierra Caliente y la Región Norte decidieron no acudir a la junta. Alegaron que habían sido amenazados por el crimen organizado, concretamente por el grupo de Los Tlacos, mediante mensajes de texto.
Al día siguiente, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo un cateo en una bodega de Pungarabato. Ahí los agentes encontraron cinco vehículos de alta gama: una Hummer, dos camionetas de colección y dos autos de lujo. Las camionetas eran de color amarillo y rojo: los colores que distinguen los autos de José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocido como El Fresa.
La Hummer y los autos de lujo eran de color blanco y negro: los preferidos de Johnny Hurtado Olascoaga, al que apodan El Pez. Los vehículos guardados en la bodega –entre ellos, un Lamborghini Urus según fuentes oficiales– sumaban varios millones de pesos.
Horas después de que el golpe a los líderes de la Familia Michoacana fue asestado, se desataron bloqueos en Pungarabato, Altamirano, Tlapehuala, Arcelia, Coyuca, Cutzamala, Tlalchapa y Petatlán. Los pobladores exigían la salida inmediata de los agentes de la fiscalía. “Vienen a robar porque no traen órdenes de cateo”, dijo el alcalde de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi.
El alcalde de Tlapehuala, José Luis Antúnez, acusó a los ministeriales de realizar operativos “de manera arbitraria”. A los bloqueos se sumaron el alcalde de Arcelia, Bulmaro Torres; Mayte Arce, presidenta de Cutzamala; Eusebio Echeverría, alcalde de Coyuca, así como los presidentes municipales de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez, y Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz.
No solo eso, a los alcaldes que exigían la salida de los agentes ministeriales, se sumaron diputados federales y locales, como la perredista Elzy Camacho, que acusó a los agentes de llevar a cabo “saqueos y allanamientos sin orden de cateo”.
El secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, denunció que la movilización de transportistas había sido ordenada por el crimen organizado.
Los municipios involucrados en los bloqueos son precisamente aquellos en los que, desde hace más de una década, y sin ser molestados por nadie, los hermanos Hurtado Olascoaga han establecido sus lugares de residencia y sus bases de operación.
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