En Edomex, Estafa Maestra fue operada por 30 altos funcionarios y rectores

Toluca, Edomex, 3 mayo 2023. A nueve años del mayor caso de corrupción, saqueo de recursos públicos y que tuvo su epicentro en el Estado de México, con la triangulación de más de 5 mil millones de pesos de recursos federales, a través de universidades estatales, a empresas fantasmas y particulares, y sin que haya funcionarios sancionados, la diputada Azucena Cisneros presentó un punto de acuerdo para exigir al OSFEM, al Sistema Estatal Anticorrupción, y al órgano interno de control de la UAEMEX que abran investigaciones por probables delitos, relacionados con hechos de corrupción en que habrían participado autoridades que siguen en diversos cargos de la administración pública estatal.

En su intervención en tribuna, la legisladora, integrante de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, reveló que de acuerdo con el libro “Estafa Maestra”, la Auditoría Superior de la Federación documentó un esquema fraudulento desde el 2011, que detectó un esquema fraudulento, en 73 contratos adjudicados a 8 universidades públicas por 11 dependencias federales.

“Esta red desvió en conjunto más de 7 mil millones de pesos en ese periodo, con apoyo de 186 empresas fantasma o irregulares. De esos 73 contratos fraudulentos documentados por la ASF y citados en el libro, un total de 14 correspondieron a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)".

Aunque el punto de acuerdo fue votado en contra por la bancada del PRIANRD, Azucena Cisneros denunció que la llamada "Estafa Maestra" en su versión Estado de México, fue operada por una red de no menos de 30 políticos, altos funcionarios y rectores de la UAEMex ligados al PRI y al Grupo Atlacomulco, que en conjunto habrían desaparecido alrededor de 3 mil millones de pesos solo entre 2011 y 2014, incluyendo los 14 contratos citados en el libro.

Cisneros agregó que esos contratos no fueron los únicos, pues existen al menos 10 auditorías forenses que dan constancia de un saqueo prolongado entre el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) y dependencias del gobierno federal, cuando Enrique Peña era presidente de la República y Eruviel Ávila gobernador del Estado de México.

“Los cálculos más conservadores nos colocan ante desfalcos y saqueos mediante el FONDICT y una red de alrededor de 200 empresas, que podrían rondar los 5 mil millones de pesos, ya que la firma de contratos se prolongó hasta el 2017, cuando el rector Alfredo Barrera, no solo firmó el último contrato fraudulento con DICONSA, sino que siguió encubriendo las operaciones del FONDICT y los delitos y desvíos de su antecesor –Jorge Olvera- y este de su antecesor”, aseveró Cisneros.

Cisneros lamentó que todas las observaciones y pliegos de responsabilidades que ordenó iniciar la ASF a los entonces contralores de la universidad, fueron desatendidas, no hubo sanciones para nadie, ni dieron vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado o a la Fiscalía General de la República (PGR), ante la probable comisión de delitos para cumplir adecuadamente con su responsabilidad fiscalizadora.

En su intervención para respaldar a su compañera de bancada, Daniel Sibaja pidió a los diputados del PRI debatir en la tribuna los temas de rendición de cuentas, transparencia y un franco combate a la corrupción, pues las y los mexiquenses exigen al Poder Legislativo que combata la corrupción.